Durante su reciente intervención en la Comisión de Seguridad Pública del Senado, la senadora
Paulina Vodanovic, representante de la región del Maule, enfatizó la necesidad crítica de fortalecer
las capacidades de inteligencia económica en la lucha contra el crimen organizado en Chile.
La senadora destacó en la discusión del proyecto de ley de Inteligencia Económica contra el Delito,
que facilitará el seguimiento de la “ruta del dinero” mediante la implementación de
procedimientos administrativos para levantar el secreto bancario en investigaciones de lavado de
activos y financiamiento del terrorismo.
La Senadora Vodanovic hizo hincapié en que, para combatir eficazmente estas amenazas, es
imperativo no solo avanzar en la legislación, sino también en asegurar un aumento significativo en
los recursos destinados a las instituciones encargadas de esta tarea. Esto incluye mejorar tanto las
dotaciones de personal como la infraestructura tecnológica necesaria para una detección y
prevención efectivas.
“Es crucial que nuestro marco legal refleje la seriedad con la que enfrentamos al crimen
organizado, y eso significa proporcionar a nuestras instituciones las herramientas y los recursos
necesarios para actuar de manera efectiva”, afirmó Vodanovic.
La parlamentaria agregó que “el proyecto de ley de Inteligencia Económica contra el Delito
propuesto por el Gobierno representa un paso significativo en la lucha contra el crimen
organizado, enfocándose en la trazabilidad de los flujos financieros relacionados con el lavado de
activos, el financiamiento del terrorismo, el crimen organizado y otros delitos económicos”.
En detalle, el proyecto fortalece el ecosistema de inteligencia económica, buscando ampliar y
mejorar las herramientas y recursos disponibles para la inteligencia económica, con el objetivo de
hacer más efectiva la identificación y el seguimiento de operaciones sospechosas.
Además, se enfoca en la prevención y detección temprana de operaciones económicas
sospechosas. A través de la implementación de tecnologías avanzadas y metodologías de análisis
de datos, el proyecto apunta a identificar patrones de comportamiento financiero que puedan
indicar actividades ilegales, permitiendo actuar de manera preventiva.
Adicionalmente, la propuesta se ocupa de otorgar mayores facultades intrusivas y sancionatorias.
Para ello se propone dotar a las autoridades de mayores poderes para investigar, intervenir y
sancionar las operaciones financieras relacionadas con delitos económicos. Esto incluye un mayor
acceso a la información y la posibilidad de aplicar sanciones más severas a quienes resulten
responsables de estas actividades.
Para finalizar, el proyecto contempla la creación de un Subsistema de Inteligencia Económica,
compuesto por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Servicio de Impuestos Internos (SII), la
Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y el Servicio Nacional de Aduanas (SNA). Este
subsistema tendrá como función dirigir y ejecutar labores de inteligencia que incluyen la
recolección, evaluación, y análisis de información relacionada con delitos tributarios, aduaneros,
económicos, lavado de activos, y financiamiento del terrorismo.
La senadora reafirmó su compromiso con el avance del proyecto de ley, subrayando su potencial
para marcar una diferencia significativa en la seguridad del país.
