Contraloría ordena a director de DIDECO de Linares devolver más de $22 millones recibidos mientras estaba privado de libertad

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La Contraloría General de la República (CGR) ordenó al director de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Linares, John Sancho, devolver $22.648.367 percibidos en remuneraciones mientras se encontraba privado de libertad, en el marco de la investigación por presunto fraude al fisco vinculada al denominado “Caso Cloro”.

La situación fue establecida en el Informe Final N°444, elaborado por el organismo fiscalizador tras un oficio presentado en noviembre de 2024 por la diputada Consuelo Veloso, quien solicitó revisar los pagos de sueldos y horas extraordinarias al interior del municipio.

De acuerdo con el documento, el funcionario recibió su sueldo íntegro entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, periodo en el que se encontraba primero bajo prisión preventiva y luego con arresto domiciliario, en el contexto de la investigación por fraude al fisco.

Durante esos meses, además, percibió bonos de Mejoramiento de Gestión por cerca de $5 millones, pagos que la CGR calificó como improcedentes.

Frente a estos antecedentes, el organismo instruyó sumarios administrativos, ordenó el reintegro de los recursos en un plazo de 30 días hábiles y remitió los antecedentes a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) para su revisión.

Irregularidades en pago de horas extraordinarias

El informe también detectó observaciones en la gestión de la Municipalidad de Linares respecto del pago de horas extraordinarias durante 2024.

Según la CGR, el municipio desembolsó más de $610 millones por este concepto. En una revisión parcial que abarcó $102 millones, el organismo fiscalizador comprobó que la administración canceló cerca de 700 horas indebidas, que al menos 10 funcionarios superaron el límite legal mensual y que el sistema registró más de 160 irregularidades en el control de asistencia.

Tras conocerse el informe, la diputada Consuelo Veloso afirmó que seguirá de cerca el cumplimiento de la medida: “Estaremos vigilantes para que estos recursos sean reintegrados. La política no puede transformarse en un espacio para servirse del Estado”.

La parlamentaria recordó además que John Sancho y el alcalde de Linares, Mario Meza, figuran como imputados por fraude al fisco reiterado en la investigación del denominado “Caso Cloro”, causa que indaga compras realizadas durante la pandemia por cerca de $200 millones con presuntos sobreprecios.

 

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