El senado aprobó el proyecto de ley de inclusión laboral fija una reserva de empleos del 1% para personas en situación de discapacidad en organismos del Estado y empresas privadas que tengan 100 o más trabajadores o funcionarios. Además, establece en 26 años la edad límite para suscribir contrato de aprendizaje con personas con discapacidad, asimilándola a la edad de término de la educación especial y no sin limitación de edad como es en la actualidad.
También este proyecto consagra el principio de no discriminación en el Estatuto Administrativo e incluye a quienes reciben una pensión de invalidez, además de aquellas que están inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad.
Asimismo termina con la discriminación salarial por medio de la derogación del artículo número 16 de la Ley 18.600 que permite que las personas con discapacidad mental puedan percibir salarios menores que el sueldo mínimo.
