La Contraloría Regional del Maule detectó una serie de irregularidades administrativas y financieras en la Municipalidad de Longaví, correspondientes al período comprendido entre mayo de 2022 y diciembre de 2024, lo que derivó en la orden de un reparo por $732.914.879, asociado a pagos calificados como improcedentes por asesorías financieras.
El examen de cuentas, realizado bajo la administración del entonces alcalde Cristian Menchaca Pinochet (Partido Republicano), concluyó que los recursos públicos desembolsados no guardaban relación directa con un servicio único, específico y especializado, ni con funciones propias del quehacer municipal.
Además del reparo económico, la Contraloría ordenó la remisión de antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, para evaluar eventuales responsabilidades penales y civiles, junto con la instrucción de medidas disciplinarias y la regularización de fondos de terceros, dada la gravedad de los hallazgos.
Pagos improcedentes y deficiencias contractuales
El principal hallazgo del Informe Final N° 746-25 emitido por el ente fiscalizador señala que el municipio pagó $732.914.879 a un proveedor por un servicio de asesoría financiera cuya contraprestación no se vinculaba directamente con el objeto del contrato, correspondiendo a labores propias de la Dirección de Administración y Finanzas.
A ello se suma una determinación irregular del precio, ya que el valor del contrato no se fijó considerando el costo real del servicio ni precios de mercado, sino en función de intereses futuros que un banco pagaría al municipio. El contrato aprobado, además, no incorporaba el precio pactado en sus cláusulas.
La Contraloría también detectó irregularidades en un contrato de ciberseguridad bancaria, el cual carecía de respaldo formal en los registros municipales, presentaba inconsistencias en sus términos de referencia y no acreditaba la realización de las reuniones mensuales comprometidas.
Uso de fondos de terceros y debilidad del control interno
Otro punto relevante del informe indica que la Municipalidad de Longaví percibió al menos $847.723.141 en intereses bancarios generados por fondos de terceros, correspondientes a recursos de entidades como JUNJI, salud y educación, sin autorización de los organismos aportantes y sin que dichos montos hayan sido reintegrados al momento de la auditoría.
En materia de control interno, la Contraloría evidenció órdenes de compra emitidas por montos muy inferiores a los pagos efectivamente realizados, retrasos de hasta 21 días hábiles en pagos a proveedores, certificaciones de servicios realizadas por funcionarios no formalmente designados, y discrepancias entre los saldos bancarios informados por el municipio y los confirmados por el Banco Scotiabank.
El organismo fiscalizador concluyó que estas prácticas constituyen una vulneración reiterada al principio de legalidad del gasto, así como a las normas de administración financiera del Estado, advirtiendo además una inobservancia del principio de probidad en procesos de trato directo insuficientemente fundamentados.
Reacciones del exalcalde y de la administración actual
En contacto telefónico con el Diario Digital Séptima Página Noticias, el exalcalde de Longaví y actual diputado electo por el distrito 18, Cristian Menchaca Pinochet, afirmó que “mi administración actuó con total transparencia en el manejo de las cuentas corrientes y que por tal motivo harán los descargos correspondientes ante la Contraloría General de la República, en Santiago”.
Desde la actual administración municipal, encabezada por el alcalde Jaime Briones, se informó —a través de redes sociales institucionales— que el municipio colaboró activamente en la remisión expedita de los antecedentes requeridos, reafirmando su compromiso con la transparencia y la probidad administrativa.
La comunicación agrega que se instruyó un sumario administrativo, el cual fue ampliado por disposición de la Contraloría, y que esta administración asume la responsabilidad de implementar medidas que eviten la reiteración de hechos similares en el futuro.
Con la orden de reparo, la ampliación de procedimientos disciplinarios y la remisión de antecedentes a organismos persecutores, el informe de la Contraloría marca un punto crítico en la gestión financiera del municipio de Longaví, abriendo una etapa de responsabilidades administrativas, eventuales acciones judiciales y exigencias de mejora en los controles internos de la casa edilicia.
Para conocer más detalles, descarga el Informe Final N° 746-25 de Contraloría aquí
