El proyecto de ley conocido como “Ley Diego” (Boletín 17.163-03), que modifica la Ley N° 20.423 para elevar los estándares de seguridad en los servicios de turismo aventura, inició su segundo trámite constitucional en el Senado, luego de ser analizado el 19 de enero de 2026 en la Comisión de Economía de la Cámara Alta.
La instancia marcó el comienzo de una etapa clave en la tramitación legislativa, donde los senadores manifestaron su voluntad de votar la iniciativa en general antes del receso parlamentario. Esto, con el objetivo de iniciar la discusión en particular a partir del 11 de marzo, una vez retomada la actividad legislativa.
Durante la sesión participó Paola Coronado, madre del joven, cuyo testimonio reforzó la urgencia de avanzar en una normativa que proteja la vida de quienes contratan este tipo de servicios.
Cabe recordar que el proyecto es impulsado por el diputado de la región del Maule, Jorge Guzmán, y surge tras una tragedia que evidenció graves falencias en la regulación del turismo aventura en el país.
Diego Albornoz: El caso que dio origen a la iniciativa
La denominada “Ley Diego” tiene su origen en el fallecimiento de Diego Sebastián Albornoz Coronado, estudiante de 23 años, ocurrido el 21 de febrero de 2024, mientras realizaba una actividad de bungee en el sector del Cajón del Maipo.
Según los antecedentes expuestos ante la comisión, el joven permaneció suspendido por más de 30 minutos producto de una deficiente instalación del arnés, en un servicio que operaba sin permisos, sin equipamiento adecuado y sin protocolos básicos de rescate.
Finalmente, la causa de muerte fue determinada como asfixia posicional, una situación que fue calificada como predecible en ausencia de medidas mínimas de seguridad.
Nuevas exigencias de “Ley Diego”
El objetivo central del proyecto es erradicar la informalidad en el turismo aventura. Para ello, establece un marco regulatorio más estricto para los prestadores de servicios y reforzando los mecanismos de fiscalización.
Entre las principales medidas que contempla la iniciativa se encuentra la obligatoriedad del Sello de Registro de Sernatur (Sello R), que pasará de ser voluntario a un requisito indispensable para operar en este tipo de actividades.
Asimismo, los operadores deberán exhibir de forma visible información verificable, incluyendo el Sello R y un código QR, permitiendo a los usuarios comprobar en tiempo real la vigencia y legalidad del servicio contratado.
Inspección previa y aumento de sanciones
Uno de los cambios estructurales más relevantes del proyecto es la incorporación de un sistema de inspección previa obligatoria. Las empresas deberán obtener un certificado de seguridad emitido por entidades autorizadas, tras una revisión in situ, antes de quedar habilitadas para operar.
Actualmente, los prestadores pueden iniciar actividades apenas se inscriben en el registro, sin una fiscalización técnica previa, situación que la iniciativa busca corregir.
El proyecto también contempla un aumento significativo de las sanciones, estableciendo multas de entre 25 y 50 UTM para quienes operen sin autorización o entreguen información falsa. Incluso, contempla la posibilidad de clausura temporal o definitiva de los servicios que incumplan las normas de seguridad.
Avances técnicos y debate en curso
Desde el Ejecutivo se informó que, en paralelo a la tramitación legislativa, se han actualizado 15 normas técnicas de turismo aventura, incluyendo aquellas asociadas al bungee, y se trabaja en las restantes para cubrir las 24 disciplinas existentes en el país.
En la comisión también se abordaron los desafíos de implementación, como la aplicabilidad de las sanciones y la necesidad de contar con un sistema de fiscalización efectivo. El objetivo es reforzar la seguridad sin desincentivar a los operadores que cumplen con la normativa vigente.
La iniciativa continuará su análisis en el Senado, con el foco puesto en salvar vidas humanas, fortalecer la confianza de los usuarios y consolidar a Chile como un destino de turismo aventura seguro y regulado.
