En mayo, el consejero regional Alamiro Garrido presentó una propuesta clara y rotunda ante el pleno del gobierno regional: realizar una auditoría externa financiera y contable para evaluar el manejo de los recursos públicos del gobierno regional. Esta medida, pensada para garantizar la transparencia, se volvió aún más urgente en un contexto de cambio electoral, con la posibilidad de que una nueva administración asumiera o que la gobernadora actual continuara en el cargo. El objetivo era entregar cuentas claras a la ciudadanía y demostrar que los fondos públicos no se manejan con fines políticos o intereses personales. Sin embargo, lo que parecía una decisión consensuada y necesaria ha sido repetidamente dilatada, generando serias dudas sobre la transparencia del gobierno regional.
A pesar de que la propuesta fue aprobada unánimemente en el pleno y el 4 de junio se presentó de nuevo en las comisiones de ética y régimen interno, el proceso de contratación de la auditoría ha estado marcado por una serie de retrasos y excusas inexplicables. Según el Ordinario 281 del 6 de junio, basado en lo acordado en la sesión 834 de ese mismo día, la comisión aprobó la disposición de contratar una auditoría externa, financiera y contable periodo del ejercicio año 2023, en virtud del artículo 36 bis, letra B de la ley 19.175. Esta auditoría tenía como principal objetivo evaluar la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera del gobierno regional, una medida fundamental para asegurar que los recursos del Estado se están utilizando de manera adecuada y conforme a la ley.
Sin embargo, al llegar el mes de agosto, aún no había avances concretos. En ese momento, se informó que el proceso de licitación estaba listo y que los fondos necesarios para la auditoría estaban provisionados. A pesar de estas afirmaciones, el gobierno regional se encontró con nuevas excusas en noviembre, cuando en la sesión del martes 5 de año 2024 en Talca, se argumentó que la falta de fondos seguía siendo un obstáculo para el cierre de la licitación. Esto contradice completamente las afirmaciones previas, donde se aseguraba que el dinero ya estaba destinado para la auditoría.
El consejero Garrido, al percatarse de esta contradicción y de la continua falta de acción, no dudó en cuestionar públicamente a la gobernadora Cristina Bravo y a los responsables del proceso. Durante la sesión, expresó su preocupación por la demora injustificada, señalando que el retraso en la ejecución de la auditoría no solo pone en duda el compromiso con la transparencia, sino que también genera malestar y desconfianza en la ciudadanía. “¿Por qué no se ha dado prioridad a un proceso que es esencial para la confianza pública? ¿Por qué seguimos recibiendo excusas tras excusas, cuando la transparencia debería ser la prioridad absoluta de este gobierno?”, expresó Garrido con contundencia.
Para Garrido, la falta de transparencia y la dilatación de la auditoría no solo perjudica la credibilidad del gobierno regional, sino que también crea una atmósfera de incertidumbre que deja entrever que existen intereses ocultos detrás de la dilación. Además, el consejero denunció que este retraso parece implicar un trato desigual hacia los consejeros. En sus palabras, “al parecer, en este consejo hay consejeros de primera y otros de segunda categoría, lo que crea un
ambiente de favoritismo y falta de equidad en la toma de decisiones”. El trato desigual y la falta de consenso para llevar a cabo una medida tan sencilla como una auditoría externa es, para Garrido, una señal clara de que la administración actual no tiene la suficiente voluntad política para rendir cuentas.
Garrido dejó claro que este proceso de auditoría no tiene fines electorales, como algunos intentan hacer ver, sino que tiene un único propósito: proteger y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos. “Los fondos del gobierno regional no pertenecen a ningún grupo político, ni a las amistades de turno, ni a entidades vinculadas a los gobiernos de turno. Estos fondos pertenecen a los ciudadanos de la región”, afirmó, subrayando que dilatar la auditoría y no entregar cuentas claras puede generar desconfianza y sospechas entre la población.
El consejero también cuestionó por qué, a pesar de la promesa unánime de llevar a cabo esta auditoría, el proceso se ha demorado tanto. Para él, esta auditoría debería haberse convertido en una prioridad desde el principio, ya que se trata de un ejercicio esencial para la transparencia y la correcta utilización de los recursos públicos. “No podemos seguir esperando. La administración pública debe ser ejemplo de eficiencia, de claridad y de justicia en la rendición de cuentas”, concluyó.
Este tipo de auditorías externas deberían ser una práctica obligatoria y sistemática en todos los gobiernos regionales y municipios del país, no solo en momentos de crisis o en tiempos electorales, sino como un ejercicio anual que garantice que los fondos públicos se utilizan correctamente. El consejero Garrido recordó que el buen uso de los recursos del Estado es una obligación constitucional y moral de todos los gobiernos, sin excepciones. “Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se manejan sus recursos, y este gobierno debería actuar con total transparencia y sin evasivas”, expresó.
Al final, esta situación no solo pone en evidencia la falta de voluntad de la administración regional para rendir cuentas, sino que también destaca un patrón de ineficiencia y falta de prioridad en el uso de los recursos públicos. El mensaje es claro: si el gobierno regional no puede o no quiere ejecutar una auditoría básica y necesaria para la confianza pública, ¿qué más está siendo oculto? ¿Qué otros procesos están siendo dilatados por intereses ajenos al bienestar de la comunidad? La ciudadanía merece respuestas claras, y la falta de acción solo genera más sospechas y una creciente falta de credibilidad en las instituciones públicas.
