Recientemente el Ministerio de Obras Públicas indicó que tiene 138 contratos de proyectos de infraestructura que presentan dificultades de los cuales el 96% de los casos han atribuido estas complejidades al aumento en los costos de materiales y mano de obra. Estos antecedentes concuerdan con las cifras entregadas por nuestra Unidad de Estudios, que sostiene que el valor de los insumos para este tipo de obras ha tenido un aumento promedio del 42%.
Sin lugar a dudas alzas imprevisibles en su momento para la industria, que han creado un complejo escenario para la construcción en las distintas regiones de nuestro país y que nos ha impulsado a generar, como gremio, mesas de trabajo y reuniones con nuestras autoridades, que en el caso de nuestra región del Maule han mostrado una buena disposición para avanzar en esta materia.
Y es que hoy tenemos mucho en juego. Desde limitaciones estructurales para recuperar el crecimiento de Chile y nuestras regiones; la puesta en riesgo de la generación de empleo en el sector; la paralización de obras licitadas por el Estado, por la imposibilidad de ejecución de proyectos con presupuestos entre un 20% y un 25% más bajos de lo requerido para su viabilidad; procesos de licitación desiertos o a medio construir hasta el riesgo de insolvencia de empresas del área que dejarán de existir más temprano que tarde de continuar estas condiciones.
Pero eso no es todo. Otro de los aspectos que más nos preocupa es el impacto que podría tener la paralización o suspensión de obras destinadas a millones de personas, entre las que destacan proyectos de edificación pública que, de acuerdo al Ministerio de Desarrollo Social, beneficiarían a casi 10 millones de personas de ser concretadas, pero que en este contexto su ejecución se está viendo seriamente amenazada.
En el Maule ya se están percibiendo los primeros impactos negativos, directamente relacionados con el alza del precio de los materiales de la construcción. Por ejemplo, de acuerdo a datos entregados por la Dirección de Presupuestos, la ejecución fiscal entre enero y mayo del 2022 en nuestra región ha sido del 15,1%, cifra que si la comparamos a la misma fecha del 2021 teníamos un 24,1% de avance.
Todo esto está sucediendo, por lo que debemos actuar rápido e impulsar con urgencia y con mucha fuerza la colaboración público-privada, para que el proceso de ajuste que estamos viviendo en un periodo de pre crisis del país, sea lo menos dañino posible para los distintos sectores productivos, las familias y todos los habitantes de nuestro territorio.
Si bien es cierto como gremio valoramos los anuncios realizados por el MOP sobre el mecanismo de reajuste de los contratos de obras públicas, con plazo de ejecución de seis o más meses, lo que ayudará a reflejar de mejor manera las fluctuaciones de los precios de los materiales, creemos que también es necesario revisar la situación de proyectos que tienen anterioridad a esas fechas y que por diversos motivos se ha retrasado su entrega como es el caso de ciertas obras de infraestructura vial y la Intendencia de Talca en nuestra región.
Hoy es necesario que la autoridad central tome acciones que permitan considerar la proyección de la variación de los costos en todos los presupuestos de proyectos de obras públicas tal como lo han hecho algunos países de Europa como España y Alemania, en los que obras mandatadas por el Estado han sufrido alzas de costos totalmente inéditas y han tenido un impacto similar al que evidenciamos en Chile. Estos países a través de medidas extraordinarias han resueltos estos problemas de contratos celebrados antes o durante de la pandemia que es lo que buscamos que nuestra autoridad haga en nuestro territorio.
Estamos a tiempo de, poco a poco, ir recuperando el dinamismo perdido y poder construir una mejor región y un mejor país en el que el sector privado y el público, demuestren que un futuro más auspicioso solo se puede construir entre todos.
Rodrigo Vargas W.
Presidente CChC Talca
