El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, declaró que su país “se anticipó a Bolivia” al presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por el uso de las aguas del Silala para “defender sus intereses y tener certeza jurídica”. La declaración del canciller, tuvo lugar minutos después de que la presidenta Michelle Bachelet anunciara la presentación de una demanda contra Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya con el fin de determinar si el Silala es un río internacional, como sostiene Chile. “Chile no puede permanecer pasivo frente a la reiterada conducta del Gobierno de Bolivia de desconocer nuestros derechos y por consiguiente hemos demandado ante la corte para que esta institución resuelva la disputa”, aseveró el canciller Muñoz. “¿Por qué estar expuestos y pasivos, cuando tenemos todos los antecedentes y fundamentos para demandar a Bolivia e impedir acciones perjudiciales a nuestros intereses?”, se preguntó el jefe de la diplomacia chilena. Chile pide que el alto tribunal de Naciones Unidas reconozca que el Silala es un río internacional, que tiene derecho a un uso “equitativo y razonable” del mismo y que la utilización de las aguas que actualmente está haciendo es la que le corresponde en derecho, explicó el canciller. Asimismo, solicita que se obligue a Bolivia a adoptar las medidas necesarias para evitar la contaminación de sus aguas y a informar a Chile de cualquier acción que pueda repercutir en los recursos hídricos o tenga impacto ambiental. Finalmente, solicita que la corte resuelva si Bolivia tiene la obligación de “cooperar con Chile y notificar las medidas que puedan tener un efecto adverso en el país.
Bolivia sostiene que el Silala, situado en la región andina de Potosí (suroeste del país), es un río boliviano, motivo por el cual reclama el uso integral de sus aguas. Por su parte, Chile asegura que Bolivia reconoció el Silala como río internacional hasta 1997, año en el que cambió sus argumentos y empezó a defender que sus aguas provenían de manantiales de su territorio que fueron desviados por Chile. En 2009 ambos países estuvieron a punto de llegar a un acuerdo para determinar el uso compartido de las aguas del Silala, algo que según las autoridades de Santiago no fue posible debido a la negativa de La Paz.
