“Chile puede innovar, pero no a costa del viñatero”: Agrícola Central exige fiscalización real antes de crear una nueva categoría de vino
El gremio sostiene que el debate sobre el vino de bajo alcohol no es una discusión contra la innovación, sino una advertencia sobre el riesgo de abrir nuevas categorías sin que el Estado pueda fiscalizar prácticas ya prohibidas por la ley.
Talca, agosto de 2026. La discusión sobre el vino de bajo alcohol no debería enfrentarse como una disputa entre innovación y tradición. Para Agrícola Central A.G., el verdadero problema es otro: el Estado está creando una nueva categoría regulatoria sin asegurar previamente que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) tenga la capacidad de fiscalizar prácticas que hoy ya están prohibidas y que afectan directamente a los productores de uva.
La organización gremial, que representa a productores vitivinícolas de la Región del Maule, advirtió que la modificación al artículo 38 del Decreto N° 78 del Ministerio de Agricultura —actualmente en proceso de toma de razón en la Contraloría General de la República— abre una discusión mucho más profunda sobre la protección del patrimonio vitivinícola chileno, la trazabilidad y la rentabilidad de quienes producen la materia prima.
“Agrícola Central entiende que el mercado mundial está cambiando y que Chile necesita innovar. Pero no compartimos que la respuesta se reduzca a flexibilizar la definición regulatoria del vino sin una evaluación previa de sus efectos sobre quienes producen la uva. En una industria cuya superficie vinífera se ha reducido aproximadamente un 14% desde 2020 y donde el Maule concentra cerca de la mitad de la producción nacional, cualquier modificación que aumente el poder de sustitución de la industria debe venir acompañada de transparencia de mercado, protección del patrimonio vitivinícola y mecanismos que aseguren que el nuevo valor llegue también al productor”, afirmó Luis Urrutia, presidente de Agrícola Central A.G.
El problema no es la categoría, es la fiscalización
Agrícola Central enfatiza que no se opone a la innovación ni a la existencia de vinos de menor graduación alcohólica. Lo que cuestiona es que se amplíe el marco regulatorio cuando persisten brechas históricas de fiscalización respecto de prácticas expresamente prohibidas por la legislación vigente.
Entre ellas, la organización identifica dos especialmente graves: la adición de agua al vino y la utilización de uva de mesa para elaborar vinos que luego son comercializados con denominación de origen, prácticas que distorsionan el mercado y deprimen el precio que reciben los productores que cumplen las reglas.
“Como Comité de Uvas y Vinos de Agrícola Central hemos sostenido durante años que el problema de fondo no es la falta de normas, sino su cumplimiento. La ley ya prohíbe agregar agua al vino y también prohíbe etiquetar como vino con denominación de origen productos elaborados con uva de mesa. Esas prácticas afectan directamente a los productores que trabajan con uva vinífera y cumplen con los estándares exigidos. Si el SAG no fiscaliza adecuadamente, crear una nueva categoría significa abrir una puerta adicional para el fraude”, señaló Fernando Medina, director de Agrícola Central.
Una discusión sobre el futuro del vino chileno
Para el gremio, el debate trasciende el vino de bajo alcohol y obliga a discutir el futuro de la vitivinicultura nacional. En un contexto de reducción de superficie plantada, presión sobre los precios y dificultades para los pequeños y medianos viñateros, cualquier cambio regulatorio debe evaluarse considerando sus efectos sobre toda la cadena productiva.
“El problema del vino chileno no se resuelve solamente bajando grados. Se resuelve aumentando demanda, diferenciación, calidad, valor de origen y rentabilidad del viñatero. Chile no necesita producir simplemente un vino más barato de elaborar; necesita producir un vino que permita que el viñatero siga existiendo”, agregó Urrutia.
La exigencia de Agrícola Central
La organización hizo un llamado al Ministerio de Agricultura, al SAG y a los parlamentarios de las regiones vitivinícolas a revisar el alcance de la modificación antes de que continúe su tramitación.
Agrícola Central sostiene que antes de ampliar las categorías de vino es indispensable asegurar capacidades reales de fiscalización, trazabilidad y control en terreno, de modo que las normas puedan cumplirse y proteger efectivamente a quienes producen bajo las reglas vigentes.
“No estamos discutiendo una tendencia de mercado; estamos defendiendo las condiciones mínimas para que exista competencia leal en la industria vitivinícola. Si el Estado crea una norma sin asegurar que puede hacerla cumplir, el riesgo es que el costo termine recayendo, una vez más, sobre el productor genuino y sobre la credibilidad del vino chileno”, concluyó el presidente de Agrícola Central.
