No se revisó la Ley Longueira como se había prometido.
Por el contrario, se anunció que esta revisión la hará la Organización para las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Sin embargo, el CONDEPP precisó que la misión de ese organismo es “contribuir a construir para las generaciones presentes y futuras un mundo en el que impere la seguridad alimentaria. FAO no va a decir nada de las licencias entregadas a perpetuidad a las siete familias que ejercen el control sobre el sistema, ni tampoco se referirá a la pesca indiscriminada de arrastre”.
En la cuenta pública presidencial, se anunció la construcción de un buque para realizar investigaciones en alta mar.
También que se entregará la administración de las caletas pesqueras a ese gremio, pero se omitió revisar la Ley Longueira.
El CONDEPP exige que sea anulada a través de la aplicación de una ley de referéndum revocatorio para las autoridades electas y así poner fin a leyes ilegítimas.
Estos son los temas pendientes:
1. Fin a la pesca de arrastre. Por el contrario, hoy continúa con decretos que la validas más allá de 2018.
2. Eliminación de las perforaciones de las cinco millas reservadas para los pescadores artesanales como sigue ocurriendo en las costas de Coquimbo.
3. Con la Ley Longueira, se pasó de tres a ocho pesquerías colapsadas y se entregó un subsidio encubierto de 110 millones de dólares por año a las siete familias controladoras.
4. No existe plataforma social para los trabajadores pesqueros y artesanales.
5. No se ha creado el Indap – pesquero.
En el país son cincuenta mil los pescadores artesanales que siguen esperando una reacción desde La Moneda.
