Este 01 de abril de 2026 se publicó en el Diario Oficial la Ley de Convivencia Escolar (Ley N° 21.809 sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas), normativa que permite a los establecimientos instalar detectores de metales y otros dispositivos de seguridad, bajo condiciones específicas y con acuerdo de la comunidad escolar.
La ley busca prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y distintos tipos de violencia en los colegios, en un contexto marcado por recientes hechos de inseguridad en recintos educacionales a nivel nacional.
Condiciones para implementar tecnología en los colegios
Entre las disposiciones de la normativa, el artículo 10 establece que los sostenedores podrán implementar recursos tecnológicos para detectar armas o artefactos peligrosos, siempre que existan antecedentes fundados que justifiquen la medida como proporcional, necesaria e idónea.
Asimismo, la ley señala que la instalación de estos dispositivos no será obligatoria y deberá contar con el acuerdo del Consejo Escolar o de la comunidad educativa.
Por su parte, cada establecimiento deberá elaborar un protocolo interno que regule su uso, resguardando derechos fundamentales como la vida privada, la honra, la igualdad y el interés superior de niños, niñas y adolescentes, junto con garantizar el debido proceso.
Estos protocolos deberán ser aprobados por la Subsecretaría de Educación, previo informe técnico del Ministerio de Seguridad Pública, que evaluará la pertinencia de las medidas.
También, deberán considerar mecanismos de coordinación con las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública ante la detección de elementos de riesgo.
Enfoque preventivo y convivencia escolar
Más allá de la incorporación de tecnología, la ley refuerza el enfoque preventivo, estableciendo que cada establecimiento deberá contar con un Plan de Gestión de Convivencia Educativa y un equipo especializado encargado de su implementación.
También se crea el Programa de Bienestar Socioemocional Escolar y un consejo orientado a abordar factores de riesgo, reconociendo el rol del apoyo psicosocial en la prevención de la violencia.
En paralelo, se refuerza el deber de denuncia por parte de los directores de los colegios ante hechos que puedan constituir delito y se regulan medidas disciplinarias como la expulsión, las que deberán ser evaluadas bajo criterios técnicos.
Autoridades valoran avances y advierten límites de la normativa
La ministra de Educación, María Paz Arzola, explicó que el Ejecutivo trabaja en un reglamento para facilitar la aplicación de estas medidas, precisando que no se trata de una obligación generalizada.
“Es un reglamento que no es fácil (…) queremos permitir que aquellos colegios que así lo estimen, que tengan razones para hacerlo y el acuerdo de su comunidad, puedan instalar pórticos u otros artefactos que les permitan tener mayor seguridad”, sostuvo la secretaria de Estado.
En esa línea, enfatizó que el objetivo es entregar herramientas a los establecimientos que lo requieran, sin imponer su uso: “No es que nosotros estemos llamando a todos a hacerlo, pero aquellos que necesiten poner pórticos (…) que puedan hacerlo con toda la agilidad que se requiere”.
Por su parte, el diputado del Partido Nacional Libertario por el distrito 17, Germán Verdugo Soto, valoró el alcance de la normativa, destacando su aporte en la mejora de la convivencia escolar: “Se trata, sin duda, de un paso relevante hacia comunidades educativas más seguras y respetuosas”.
No obstante, planteó que el problema requiere una mirada más amplia, incorporando a otros actores en su abordaje: “Ninguna ley, por sí sola, resolverá un fenómeno complejo y profundamente social como la violencia escolar”.
El parlamentario, además, indicó que hoy existe una tendencia a atribuir a los establecimientos educacionales y a sus docentes responsabilidades que exceden su ámbito de acción, precisando que “la formación en valores, el respeto por normas básicas de convivencia y el desarrollo de habilidades socioemocionales comienzan en la familia”.
Contexto de mayor preocupación por violencia escolar
La promulgación de esta ley se produce en un escenario de creciente preocupación por hechos de violencia en establecimientos educacionales, incluyendo casos recientes donde estudiantes han ingresado armas a recintos escolares.
Entre ellos, destaca el ataque ocurrido el 27 de marzo en un colegio de Calama, que dejó una inspectora fallecida y cuatro personas lesionadas, lo que intensificó el debate sobre medidas de seguridad en el sistema educativo.
En este contexto, la nueva normativa busca equilibrar la implementación de herramientas preventivas con el resguardo de los derechos de los estudiantes, en medio de un desafío que continúa en desarrollo.
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