El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) confirmó que dejará sin efecto el proceso de expropiación de terrenos en la exColonia Dignidad, ubicada en la comuna de Parral, medida que formaba parte del plan impulsado en la administración anterior para la creación de un sitio de memoria en el otrora enclave.
La decisión fue adoptada en el marco de un ajuste presupuestario interno, según explicó el ministro Iván Poduje, quien argumentó que el proyecto no es financieramente viable en el actual escenario fiscal.
En paralelo, la determinación abrió una serie de reacciones políticas, especialmente desde parlamentarios de la región del Maule, quienes cuestionaron el impacto de la medida en materia de derechos humanos y memoria histórica.
Decisión se enmarca en ajuste presupuestario del Minvu
El ministro Iván Poduje explicó que la reversión del proceso responde a restricciones presupuestarias y a la necesidad de priorizar recursos habitacionales.
Según señaló, la expropiación implicaba un costo significativamente elevado en un contexto de déficit interno, lo que obligó a redefinir prioridades.
“Vamos a reversar el tema de la expropiación de Colonia Dignidad y dictaremos un decreto que revoca al que dio origen al plan”, afirmó el secretario de Estado, al justificar la decisión.
El jefe de cartera sostuvo además que la medida responde a criterios de eficiencia en el uso de recursos públicos, en medio de un escenario de ajustes en distintas áreas del ministerio.
Críticas desde el Maule: Vodanovic y Celedón
La decisión generó críticas inmediatas en la región del Maule, donde parlamentarios cuestionaron el impacto simbólico y político de revertir la expropiación del ex enclave.
La senadora por el Maule, Paulina Vodanovic, afirmó que la serie de decisiones que ha tomado el Ejecutivo “ya tiene un efecto en la gente”, apuntando a un giro en las prioridades del Gobierno.
Paulina Vodanovic (PS), senadora por región del Maule.En esa línea, la parlamentaria sostuvo que “la indolencia social y moral de este Gobierno es intolerable”, advirtiendo además que las medidas adoptadas afectan directamente a derechos sociales y a víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Vodanovic agregó que se trata de una señal preocupante desde el punto de vista político y llamó a la oposición a actuar de manera coordinada para enfrentar lo que calificó como un retroceso en materias sociales y de memoria.
Por su parte, el diputado por el distrito 17, Roberto Celedón, cuestionó la forma en que se adoptó la decisión, apuntando a la falta de consulta previa a organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas.
A través de una declaración pública, el parlamentario sostuvo que “lo correcto es primero informar a las organizaciones de derechos humanos y a los familiares de las víctimas de Colonia Dignidad”, enfatizando el carácter sensible del proceso.
Celedón además recordó que el sitio fue escenario de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, cuestionando que la decisión se haya comunicado únicamente a través de medios de prensa.
Gobierno defiende decisión y niega motivación ideológica
Desde el Ejecutivo, el ministro Poduje descartó que la medida tenga un componente ideológico, insistiendo en que se trata de una decisión basada en prioridades presupuestarias.
“Cero ideología. Es puro criterio de prioridad social”, afirmó, recalcando que los recursos deben enfocarse en necesidades habitacionales urgentes.
En esa línea, el Gobierno argumentó que el actual contexto fiscal obliga a reordenar iniciativas de alta complejidad y costo, privilegiando proyectos de vivienda social y reconstrucción.
Cancelación de otros proyectos urbanos
En el mismo paquete de ajustes, el Ministerio de Vivienda confirmó la cancelación de otras iniciativas consideradas de alto costo, entre ellas la expropiación del Club Hípico de Punta Arenas y el financiamiento del tramo final de la ciclovía del eje Alameda-Providencia.
Según explicó la cartera, estas medidas buscan cumplir con una instrucción de ajuste fiscal transversal, evitando afectar programas habitacionales prioritarios.
El ministro Poduje defendió la decisión señalando que los recursos serán redirigidos a soluciones de vivienda, particularmente en zonas con alta demanda social.
