Año escolar 2026 comienza con implementación de ley que prohíbe celulares en establecimientos educacionales

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Con el inicio del año escolar 2026, los estudiantes y docentes de la región del Maule deberán ajustarse a la nueva normativa que prohíbe el uso de celulares y otros dispositivos móviles en los establecimientos educacionales, con el fin de fortalecer la concentración, el aprendizaje y la convivencia en las aulas.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno, modifica la Ley General de Educación para crear un marco nacional sobre el uso de dispositivos en contextos escolares, publicado el 11 de febrero en el Diario Oficial.

La subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, precisó que la ley “prohíbe como regla general. Esa es la regla. Pero también regula, es decir, permite ciertas excepciones”.

Con esto, Chile se convierte en uno de los cuatro países de América Latina que cuentan con una regulación específica sobre el tema: Brasil y Perú a nivel nacional, y Argentina únicamente en las provincias de Neuquén, Salta y Buenos Aires.

Alcances de la ley y excepciones

La norma establece la prohibición del uso de celulares durante actividades curriculares, aunque contempla excepciones según el nivel educativo y la situación específica.

Sin embargo, en educación parvularia no se permiten salvedades, ya que durante el debate legislativo se buscó resguardar el espacio de interacción, juego y exploración propio de la primera infancia.

En educación básica y media, sí se autoriza el uso del dispositivo en casos de:

  • Problemas de salud que requieran monitoreo médico.
  • Emergencias o situaciones de catástrofe.
  • Necesidades educativas especiales, cuando el dispositivo funcione como ayuda técnica certificada.
  • Actividades pedagógicas determinadas por los docentes.
  • Seguridad personal, mediante solicitud fundada y temporal de apoderados.

La subsecretaria Arratia explicó que la ley no fija una forma única de implementación, ya que “el cómo se aplica esa regla en cada establecimiento se trabajará en el reglamento interno”, ajustándose a la realidad territorial y contexto escolar, permitiendo a comunidades educativas definir cómo aplicar la norma.

Fiscalización y acompañamiento durante 2026

El cumplimiento de la normativa será obligatorio y estará fiscalizado por la Superintendencia de Educación de Chile.

Durante el primer semestre, el foco será acompañar a los colegios en la actualización de sus reglamentos internos, mientras que la fiscalización formal se reforzará en el segundo semestre.

Paralelamente, el Ministerio de Educación lanzó la campaña “Modo Aula”, orientada a explicar los objetivos de la medida y apoyar su implementación, considerando antecedentes como la prueba PISA de la OCDE, que identificó altos niveles de desconcentración en estudiantes de 15 años por el uso de celulares.

Arratia además indicó que la norma busca resguardar el modo aula y la interacción pedagógica entre estudiantes y docentes, combinando regulación con comprensión del sentido educativo de la medida.

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