La Senadora Paulina Vodanovic presentó el proyecto de ley acompañada por el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, y el presidente de la ANEF, José PérezDebelli. La iniciativatiene como objetivo abordar una discriminación evidente en el reconocimiento de derechos gremiales dentro de dicha institución.
“Como partido comprometido con la defensa de los derechos de los trabajadores, consideramos fundamental corregir las inequidades que existen en el reconocimiento de los derechos gremiales dentro de nuestra institución. Es por ello que presentamos esta iniciativa para equiparar los derechos de los fiscales con los de otros funcionarios del Estado, como los del Congreso Nacional y del Poder Judicial, quienes ya gozan de protección bajo la Ley 19.296.” señaló la Senadora.
Paulina Vodanovic agregó, que“Creemos firmemente que todos los trabajadores, incluidos los fiscales, deben tener garantizado su derecho a la asociación y a la defensa de sus intereses laborales. Esta medida no solo busca corregir una injusticia evidente, sino también fortalecer la actividad asociativa dentro del Ministerio Público, en beneficio de la comunidad y el servicio profesional que brindamos.”
Además, se hace referencia al cumplimiento del Convenio N° 151 sobre “Relaciones de trabajo en la Administración Pública” de 1978, ratificado por el país en el año 2000, el cual establece la necesidad de conceder facilidades a los representantes de organizaciones de empleados públicos para el desempeño eficaz de sus funciones.
“En este Día Internacional del Trabajo, reafirmamos nuestro compromiso con los principios de solidaridad y justicia social que han guiado históricamente al Partido Socialista de Chile, el partido de los trabajadores.” Finalizó la Senadora.
Según el artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público 19.640, los fiscales se encuentran excluidos de los derechos reconocidos en la Ley Nº 19.296, que regula las asociaciones gremiales de la Administración del Estado.
Actualmente, la asociación de fiscales del Ministerio Público opera bajo el Decreto Ley Nº 2.757 de 1979, que no otorga reconocimiento ni protección adecuada a sus directores. Esto ha llevado a situaciones donde los directores deben recurrir a permisos administrativos y/o feriados legales para ejercer sus funciones gremiales.
