Viernes, Febrero 6, 2026

Dirección del Trabajo fiscalizó a tres bancos en Talca para verificar sus medidas preventivas ante Covid-19

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La Dirección Regional del Trabajo fiscalizó a tres bancos de Talca para controlar si están cumpliendo con las medidas preventivas contra el Covid-19 e impedir así contagios entre sus trabajadores y clientes.

El operativo, en el que participó la Inspección Provincial de Talca, siguió a otro similar realizado el lunes último en Linares.

Las entidades bancarias fiscalizadas fueron BancoEstado (con 70 personas en su interior durante la fiscalización, entre empleados y público), Banco de Chile (23 personas) y Banco BCI (25).

Pilar Sazo, directora regional del Trabajo, explicó que “hasta ahora habíamos realizado numerosas fiscalizaciones en distintos centros productivos y del comercio; ahora comenzamos a fiscalizar las entidades financieras porque, tal como el retail, congregan en sus recintos a gran número de trabajadores y clientes, lo que hace imprescindible que cumplan estrictamente con las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria contra los contagios por Covid-19”.

La fiscalización estuvo respaldada en el artículo 184 del Código del Trabajo, que obliga a los empleadores a proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores.

Todas las medidas chequeadas, además, son parte del nuevo Formulario Único de Fiscalización (FUF), elaborado por la Dirección del Trabajo y la Superintendencia de Seguridad Social.

El documento contiene todas las medidas preventivas que deben cumplir las empresas, por lo que estas, al conocerlo, saben con exactitud qué deben aplicar y qué puede serles fiscalizado.

Durante la fiscalización se encontraron falencias menores, que fueron subsanadas por los tres bancos durante la fiscalización, tales como no existencia de señalética del aforo de en las dependencias y reabastecimiento de alcohol gel en los envases.

Asimismo, la documentación de respaldo de la estrategia diseñada para prevenir el contagio del Covid-19 fue requerida para ser presentada mediante correo electrónico. De no ocurrir aquello, las instituciones arriesgan multas que van desde 1 ($50.322) hasta 60 (3.019.320) Unidades Tributarias Mensuales.

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