Corpesca, una de las pesqueras más grandes de Chile, controlada por el grupo Angelini, fue imputada formalmente por el IV Juzgado de Garantía de Santiago por el pago irregular a políticos y parlamentarios entre los años 2009 y 2013.
La empresa fue formalizada como persona jurídica y las sanciones que puede afrontar van desde multas hasta su disolución, pasando por la prohibición de suscribir contratos con el Estado, explicó Julio Contardo, fiscal jefe de la región del Biobío, que tiene a su cargo el caso. En representación de la firma asistió a la audiencia su gerente general, Arturo Natho Gamboa, a quien se le comunicó que la pesquera es investigada por no contar con mecanismos para impedir los pagos de sobornos a políticos. En el caso están procesados, de forma individual, el senador derechista Jaime Orpis, la ex diputada Marta Isasi y el ex gerente general de la empresa, Francisco Mujica, mientras también es investigado Pablo Longueira, ex ministro de Economía en el Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014).
De acuerdo con las investigaciones, Corpesca entregaba dinero a los parlamentarios para que cabildearan en el Congreso a favor de la nueva ley de pesca, que se tramitó en ese periodo y que es conocida como “Ley Longueira”, por haber sido el entonces ministro su principal promotor. En la actualidad diversos sectores políticos y los pescadores artesanales del país están demandando la anulación de la ley, que a juicio de los detractores prácticamente privatizo la actividad pesquera a favor de las siete familias más poderosas del sector. Según la investigación del caso, Corpesca concertó con algunos negociadores para que estuvieran en todo momento a disposición de sus ejecutivos y representaran los intereses de la compañía en la tramitación del proyecto.
El senador Orpis, que fue desaforado por este caso, admitió en el juicio que por varios años recibió pagos mensuales de la pesquera, por un total de 233 millones de pesos. Orpis, a cambio de esos pagos, entregó 77 facturas falsas, por servicios no prestados, a Corpesca, de la que el Grupo Angelini, uno de los más grandes de Chile, posee el 77 %, que la firma utilizó a su vez para rebajar impuestos. Corpesca, por su parte, aseguró en una declaración pública que ha aportado al Ministerio Público los antecedentes que demuestran que sí contaba con mecanismos para impedir pagos de sobornos y que por lo tanto, cumplía con la ley.
