Chilenos están de acuerdo en reformar sistema de pensiones

El sondeo sostuvo que un 59 % de los encuestados estaría de acuerdo en aumentar un 5 % las cotizaciones, hasta un 15 %, a cargo exclusivo del empleador, mientras que un 63 % estaría en desacuerdo si este 5 % estuviera destinado a engrosar un fondo solidario que mejorara las pensiones de quienes estuvieran jubilados en ese mismo momento. Asimismo, un 59 % se mostró de acuerdo con la creación de una administradora de fondos de pensiones estatal que pueda competir con las actuales administradoras de fondos de pensiones privadas.

La presidenta Michelle Bachelet, anunció el aumento en 5 puntos porcentuales, hasta el 15 %, de la tasa de cotización de los trabajadores, con cargo al empleador y en un plazo máximo de 10 años. La mandataria también anunció “mejores regulaciones” para la industria que administra actualmente los fondos de pensiones, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), además de la implementación de una AFP estatal. Las medidas anunciadas por la presidenta tienen el objetivo de mejorar las pensiones de los jubilados, sin embargo, según la encuesta, un 58 % de los chilenos están convencidos de que con las medidas anunciadas no se conseguirá ese objetivo. En tanto, un 65 % de los encuestados cree que el Gobierno no logrará alcanzar un gran pacto nacional con todas las fuerzas políticas para mejorar las pensiones.

La aprobación a la presidenta Bachelet se mantuvo al 19 %, su peor registro desde que asumió este Gobierno, mientras que la desaprobación también se mantuvo en un 73 %, la cifra más alta desde 2014. Respecto de la evaluación del gabinete, el rechazo se situó en un 79 %, mientras que la aprobación se mantuvo en un 13 %.  Desde hace 35 años, los ciudadanos están obligados a depositar el dinero para su jubilación en cuentas individuales manejadas por entidades privadas conocidas como las AFP.

Tal es el descontento que a finales de julio unas 750.000 personas salieron a las calles de todo el país para exigir el término de esta normativa impuesta en 1981 por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

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