En comienzo polémico del “Control de Identidad Preventivo”, los talquinos mantienen opiniones coincidentes.

Fue una larga discusión. Mucha controversia. Comparaciones con la temida detención por sospecha salían por doquier, pero finalmente, en esta jornada, entró  en vigor el control preventivo de identidad, junto con el resto de la agenda corta antidelincuencia.

La policía podrá controlar la identidad, de manera aleatoria, a mayores de 18 años, en la vía pública, usando dispositivos electrónicos, considerando además la huella digital o la cédula de identidad. También faculta a la policía a ingresar a un domicilio en persecución de un delincuente que sea sorprendido cometiendo un delito, entre otros puntos.

Salimos a la calle para conocer la opinión de la gente, en donde la gran mayoría está de acuerdo con este proyecto de ley anti-delincuencia…

 

Al menos hasta esta jornada, Carabineros no contaba con un sistema para conocer cuántos controles preventivos de identidad se han realizado durante la jornada.

Se  establece que el negarse a presentar la documentación o evidenciar la identidad a la policía puede significar una multa que oscila entre los 45 mil a los 182 mil pesos.

 

La persona se podrá identificar con su cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte o tarjeta estudiantil. Si hay dudas respecto de si la persona tiene o no 18 años o más, siempre se entenderá que es menor de edad.

El procedimiento no podrá extenderse por más de una hora. Pese a todo, si no fue posible verificar la identidad de la persona en el mismo lugar que se encuentra el funcionario policial, éste deberá terminar inmediatamente el procedimiento.

Si la persona cuenta con orden de arresto pendiente, será detenido en ese momento.

Aparte del Control preventivo de identidad, algunos de los otros aspectos que considera esta herramienta son: los jueces,  ahora no podrán aplicar una pena inferior al mínimo establecido en la ley robo con violencia va desde los 5 años y un día a 15 años.

Además, se aumentan las penas para los ilícitos cometidos por bandas. Los testigos contarán con mayor protección y los jueces podrán autorizar agentes encubiertos.

 

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