Los estudiantes salieron nuevamente a las calles, pese a no estar autorizados, en una marcha en rechazo a la reforma del sistema educativo que impulsa el Gobierno y para exigir la renuncia de la ministra de Educación, que derivó en una serie de enfrentamientos con la policía. “No puede ser que la ministra no tenga claridad en cómo se va a financiar esta reforma. Ella no entendió las demandas del movimiento estudiantil, lo único que ha hecho ha sido consensuar con los empresarios”, señaló el dirigente de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Diego Arraño.
“La reforma a la educación superior es la gota que rebasó el vaso”, subrayó.
La protesta convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) se inició en distintos puntos de Santiago y se replicó además en otras ciudades.
La manifestación se enmarcó en el ingreso al Parlamento del proyecto de reforma a la educación superior, cuyo trámite legislativo ya comenzó en la Cámara de Diputados, en medio de una lluvia de críticas de los propios estudiantes, rectores universitarios y sectores políticos.
“En Chile, el Gobierno está impulsando una reforma que consolida el negocio de la educación a costas de la educación pública como derecho”, señaló la Confech.
La Confederación calificó de “irrisoria” la desigualdad que existe en Chile, “donde una carrera universitaria puede costar hasta 7.500 dólares anuales”. El proyecto, según los estudiantes, mantiene una lógica de mercado y deja la puerta entreabierta al lucro en la educación universitaria, además de incumplir la promesa de gratuidad universal comprometida por el Gobierno.
“La presidenta (Michelle Bachelet) dice que se va a demorar 23 años en financiar la gratuidad de la educación, eso no es aceptable”, sentenció el vocero de la Confech, Gabriel Iturra.
La gratuidad en la educación superior universitaria fue una de las principales demandas de los estudiantes que desde 2011 se lanzaron a las calles para reclamar su derecho a estudiar sin estar condicionados por su capacidad económica. La iniciativa fue incluida en el programa electoral del segundo mandato de Bachelet y se estableció que el 70 % de los estudiantes más pobres podrían acceder de forma gratuita a la universidad, sin embargo, tras la brusca desaceleración económica que golpeó al país este año, el Gobierno recortó la cuota de forma considerable.
Desde el pasado 21 de mayo, el Ejecutivo modificó en más de seis ocasiones las propuestas de gratuidad, lo que desconcertó a la comunidad estudiantil y empujó a miles de personas a marchar de nuevo por las calles de las principales ciudades del país.
