La llegada del coronavirus a nuestro país, ha puesto de manifiesto en toda su dimensión, la desilgualdad existente a lo largo de la historia durante el útimo siglo. Según la OCDE, Chile ha mantenido durante la última década coeficientes de Gini, cercanos al 0,45, muy por sobre el promedio de los países miembros de esta organización. Sin embargo, el Estado no ha logrado garantizar la salud como un derecho fundamental. Y aún cuando los cimientos del sistema de salud son esencialmente públicos, la segregación y falta de gobernanza perpetúan un modelo obsoleto que atenta objetivamente contra la dignidad de las personas.
Nuestro sistema sanitario al igual que el de otros países, no estaba preparado para enfrentar una
amenaza de este tipo, toda vez que existe un déficit global de recursos en salud, porque ésta
nunca ha sido considerada una de las más importantes dimensiones de bienestar. Y por lo tanto,
un motor de desarrollo (véase Sen, 2000). Es inconcebible, además, cómo se ha desfinanciado el sistema público de salud y se ha fortalecido el privado, a través de incentivos perversos en los que se han involucrado sociedades maliciosas; mientras seguimos esperando una reforma a FONASA, que duerme en el parlamento y que tampoco soluciona el problema de fondo.
Hoy el panorama se vuelve oscuro con un aumento desproporcionado de los casos de infectados
por SAR-COV-2, en un país en el cual el acceso y la calidad de la atención están concatenados al
seguro de salud que cada persona tiene. Un país en el que existe una salud para los ricos, otra para
los pobres y una para las Fuerzas Armadas.
Es indignante ver que en pleno siglo XXI, aún existen campamentos que no cuentan con condiciones sanitarias mínimas de agua potable y alcantarillado, donde las personas no pueden
cumplir con una de las medidas más elementales del combate al coronavirus: el lavado de manos.
El ministro en sus reportes diarios nos invita a mantener la distancia social, sin considerar que existe hacinamiento en muchos hogares de chilenos e inmigrantes. Los primeros contagios en el Gran Santiago ocurrieron en el sector oriente, y las cuarentenas en comunas claves, fueron una de las primeras medidas de contención. No hubo mayores problemas y comenzó a hablarse de que “estábamos aplanando la curva”.
¿Pero qué pasa hoy? La cuarentena alcanzó a las comunidades más vulnerables de la capital. Aquellas donde las condiciones de vida tienen a varias personas, viviendo en apenas unos metros cuadrados. Donde se depende del trabajo informal, del sustento que generan día a día. Ni hablar de la Ley de Protección del Empleo, que ha precarizado las condiciones de trabajo,
transformándose en “pan para hoy y hambre para mañana”. Es hora de que el Gobierno reconozca el problema y lo enfrente con altura de miras, con un abordaje multidimensional, y principios morales definidos, en donde el bienestar y la salud de la población predominen por sobre los intereses de los grupos económicos.
