La Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ) entregó nuevos antecedentes solicitados por el fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad, Carlos Gajardo, en torno a la querella interpuesta por el gremio en contra de quienes resulten responsables por los delitos de lavado de activos y juego ilegal.
Entre los nuevos antecedentes se incorporan evidencias directas de criminalidad organizada nacional e internacional ligada al delito de juego ilegal y clandestino. Con esta acción se espera profundizar la investigación para determinar las responsabilidades de personas naturales y jurídicas.
En la actualidad se ha evidenciado un aumento exponencial de estos locales en diversas comunas a lo largo del país. Se trata de una actividad ilegal en la medida que se explotan máquinas de juego que se activan con monedas o apuestas en dinero, sin ser un Casino, sin tener licencia y siendo claramente máquinas de azar.
De acuerdo a sus propios registros, en la actualidad existirían 700 mil máquinas en todo el país con un monto en ganancia de US$900 millones al año, pero son cifras inciertas que no han sido fiscalizadas por ningún organismo competente y que requieren ser investigadas judicialmente para efectos de establecer su origen.
Para el abogado de la ACCJ, Juan Carlos Manríquez, esta expansión ha generado una serie de externalidades negativas propias del juego ilegal. “Estos comercios ilegales son foco de hechos delictuales que generan inseguridad en cientos de barrios, lo que ha dañado la calidad de vida de los vecinos y ha afectado al comercio legalmente establecido. Por lo anterior es que hemos visto que algunas autoridades han debido actuar para proteger a la comunidad”.
Por su parte, la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) ha confirmado lo establecido en la propia Ley de Casinos, en el sentido que la explotación de los juegos de azar es ilícita fuera de los recintos identificados en la ley.
Esto ha llevado a que muchas municipalidades estén dictando ordenanzas y fiscalizando de manera muy activa el cumplimiento de la ley, cerrando locales y confiscando las máquinas de azar utilizadas en estos locales.
A su vez, la Corte Suprema ha actuado de manera unánime al declarar que cerrar o clausurar estos locales se adecua a la legislación vigente porque cualquier máquina que pague apuestas y que no funcione dentro de un casino legalmente constituido constituye un hecho prohibido. Así ocurrió con un fallo recientemente dado a conocer por una causa en Chillán en la que el máximo tribunal determinó que todos los locales de esta clase son ilegales y que no merecen patentes ni permisos.
Los delitos que están siendo investigados requieren del máximo de celo y rigurosidad en su tratamiento, por los montos, personas e instituciones que están involucradas. En este contexto, la ley sobre lavado de activos y Convención de Palermo obliga guardar reserva sobre el desarrollo de la investigación.
