Las recientes muertes de dos niños de 2 y 4 meses de edad, por medio del síndrome de niño sacudido, son casos de investigación poco recurrentes, pero de gran impacto en la comunidad.
Según cifras de la Jefatura Nacional de Delitos Contra los Derechos Humanos y las Personas (Jenadep) que agrupa a las Brigadas de Homicidios, durante el año 2013, 2014 y 2015 hubo un solo caso por año; en cambio entre el 1 de enero y el 10 de agosto de este año se han investigado tres casos, uno en Concepción en el mes de marzo y los últimos dos en la Región Metropolitana.
Las investigaciones de éste y de todos los casos del área se realiza de manera coordinada entre oficiales, peritos del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) y médicos del Departamento de Medicina Criminalística (Demecri) de la PDI, para de esta forma establecer la probable causa de muerte e iniciar el proceso investigativo donde se descarta o confirma la participación de terceras personas.
En este contexto, la PDI señala que “por definición el síndrome presenta fundamentalmente lesiones internas más que externas, por lo que al ojo inexperto pueden pasar desapercibidas”, ya que son asociadas a hemorragias intracraneanas, intraoculares y fracturas óseas, en distintas etapas de cicatrización, ya que la violencia es reiterada. Además, en ocasiones puede presentar otras características que den cuenta de la agresión, “existen lesiones evidentes que se pueden detectar como son las equimosis (lesión subcutánea) en brazos, rostro, piernas y dorso; y señales de alerta como llantos injustificados y rechazo al agresor”.
Cuando los episodios de violencia han generado lesiones severas en los menores, es cuando las personas que se encuentran a su cuidado acuden a servicios de urgencia con motivo de síntomas de convulsiones, letargia, dificultades para alimentarse y “ruidos en el pecho”, cabe señalar que si los traumas son reiterados los agresores tienden a consultar en distintos servicios de urgencia con el propósito de no levantar sospechas, “la ley obliga al facultativo de un centro asistencial, en un plazo de 24 horas, a denunciar el hecho, de igual forma si la agresión es detectada en un establecimiento educacional, los educadores tiene la misma obligación”, señaló la PDI.
