Una exitosa semana de trabajo se vivió por parte de la Policía de Investigaciones de Chile en México, durante la jornada de apertura del proyecto “Fortalecimiento y Transferencia Tecnológica en el Análisis Forense: Apoyo a la Justicia y Seguridad” -el cual es financiado por el Fondo Conjunto de Cooperación Chile-México- en un esfuerzo resultado del Acuerdo de Asociación Estratégica firmado entre nuestro país y la nación azteca en el 2006 y donde se plantea como uno de los principales objetivos específicos el capacitar en materias relacionadas con el análisis forense de evidencias asociadas a armas de fuego y explosivos improvisados.
En estas activas jornadas de trabajo se dio inicio al proyecto e intercambió información vital para poder conocer las problemáticas que trabajarán en conjunto. Este tipo de convenios alcanzados entre la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) intentan construir mecanismos, directrices y procesos que eleven a ambos países a un nivel superior en materia de efectividad y resultados, a través del intercambio profesional de experiencias, identificación de buenas prácticas y el fortalecimiento institucional.
En este sentido, el proyecto donde la PDI tendrá un rol primordial permitirá fortalecer y transferir metodologías analíticas en la identificación de evidencias forenses, a través del intercambio de experiencias, conocimientos y usos de tecnologías, a fin de mejorar la calidad de los peritajes y las experticias de los diferentes profesionales participantes.
Durante el tiempo en que se desarrolle la ejecución del proyecto, se contempla la capacitación teórico y práctico de los profesionales pertenecientes a la diferentes Procuradurías del Estado de México y diversos profesionales Peritos de los Laboratorios de Criminalística de la Policía de investigaciones de Chile (PDI) con el propósito de potenciar el análisis en residuos de disparos de armas de fuego y explosivos improvisados, en una capacitación que se llevará a cabo en dependencias de ambas entidades, así como en instituciones universitarias y organismos extranjeros.
Vale destacar que dentro de los objetivos principales que esperan alcanzar tras estos 24 meses figuran el poder establecer procedimientos que permitan mejorar el análisis de evidencias, así como generar pruebas interlaboratorios de manera de validar los resultados analíticos entregando calidad y eficiencia a los sistemas de justicia y finalmente poder hacer estas materias y conocimientos compartidos, difundidos y conocidos por organismos competentes del estado, la sociedad y los países latinoamericanos.
