La Fiscalía solicitó el procesamiento de Natalia Compagnon, nuera de la presidenta Michelle Bachelet, por su participación en delitos tributarios en el llamado “caso Caval”.
Este 29 de enero, la Fiscalía solicitará la primera formalización en el marco de este caso, acción legal que incluye nueve imputados, pero que no considera ni a Dávalos ni a su esposa.
Tras su tercera declaración como imputada en la Fiscalía de Rancagua, el fiscal a cargo, Luís Toledo, pidió la apertura de un proceso en su contra para este 29 de enero. La decisión de Toledo fue adoptada tras analizar los resultados de la declaración, además de revisar los detalles de la querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) en contra de Compagnon y cinco personas más por delitos tributarios.
La querella iba dirigida contra los representantes de la empresa Caval, de la que Compagnon controla el 50 %, por la presentación de declaraciones de impuestos falsas y la incorporación de facturas irregulares para pagar menos tributos.
La Fiscalía investiga además a la nuera de la mandataria y a otras personas por los delitos de violación de secreto, negociación incompatible y cohecho en un millonario negocio inmobiliario que le reportó unos 4,8 millones de dólares de beneficios a Caval.
Compagnon es la esposa del hijo de Bachelet, Sebastián Dávalos, que cuando se fraguó el negocio inmobiliario trabajaba en Caval y unos meses después, cuando estalló el escándalo en febrero del año pasado, tuvo que renunciar al cargo de asesor cultural del Gobierno.
Los dueños de Caval adquirieron tierras en la localidad de Machalí con un millonario préstamo concedido por uno de los dueños de unos de los principales bancos del país, para luego venderlos a un precio mucho mayor.
El caso Caval ha golpeado duramente la popularidad de Bachelet y se suma a una seguidilla de escándalos de corrupción en la política y el empresariado que han afectado al país en el último año.
Sebastián Dávalos, quien no aparece en la lista de querellados, ejerció como asesor cultural del Gobierno de Bachelet, pero tras el conocimiento público de las compras de los terrenos tuvo que renunciar.
